La relevancia de la presupuestación y evaluación de políticas públicas a favor de las mujeres

En el ámbito de los derechos humanos, hablar sobre avances y logros obtenidos es controvertido, ya que, por un lado, tenemos marcos normativos nacionales y, por otro, recibimos múltiples recomendaciones de organismos internacionales en las que se insta a nuestro país a cumplirlos, lo que deja en entredicho el papel del gobierno mexicano.

Si hablamos de la protección de los derechos humanos de las mujeres, hay mayor dificultad, pues existe un abismo entre la realidad cotidiana de nosotras en los diversos espacios y el ejercicio de nuestros derechos y libertades fundamentales.

Ante ello, cuando nos referimos a los logros en la protección de los derechos de las mujeres, es fundamental hablar del papel que ha jugado la Comisión de Equidad y Género (CEG) a diez años de su instalación. Sobre todo en la presentación y aprobación de las normas necesarias a favor de las mujeres y en la asignación del presupuesto.

¿Cuál ha sido el trabajo de esta Comisión? ¿Para qué fue creada? ¿Cuál es su función?

¿Qué beneficios ha traído para las mujeres? Son algunas interrogantes que se formulan cuando se habla de la CEG.

La respuesta a cada una de ellas es difícil de encontrar en un sólo lugar, ya que el ámbito de acción y su impacto es transversal, permea en diversos sectores de la sociedad y del gobierno ahora también en el Poder Judicial– para tomar conciencia de las necesidades, aspiraciones y habilidades diferenciadas entre mujeres y hombres y de la importancia de ejercer la función pública desde una perspectiva sensible a estas circunstancias.

Los diez años de la CEG quedan para el registro de fechas conmemorativas; sin embargo, constituyen una madeja con la cual se ha delineando un proceso para que a las mujeres mexicanas no se nos trate como ciudadanas de segunda o de tercera.